LAS PROSTITUTAS, LAS FIRMAS AUDITORAS Y LAS AUDITORÍAS

Marino Zapete Corniel

Desde que era un adolescente he oído decir que las prostitutas se venden al mejor postor; que no sienten el más mínimo afecto por los hombres con los cuales sostienen relaciónes, y que sólo les importa el dinero que se les paga por sus servicios.

Pero también he oído que generalmente tienen a un compañero especial, al cual no le cobran, con el que comparten sus cargas emocionales y hasta el dinero que obtienen de sus clientes. En este país, ese compañero es conocido con el nombre de “chulo”.

Según la información que manejo, las palabras de las prostitutas tienen muy poca credibilidad entre sus clientes. Pero se dice que son absolutamente honestas cuando se trata de la persona que eligen como compañero especial.

Aunque no he tenido relaciones con prostitutas, por influencia cultural, cuando se me ocurre pensar en algo que tiene poca credibilidad, que se vende al mejor postor, de manera automática, mi cerebro me conduce a las mujeres que venden sexo.

Por esa razón, en los últimos tiempos he pensado que una buena parte de las firmas auditoras que operan en República Dominicana y las auditorías tienen una gran similitud con las prostitutas. Sin embargo, a mi modo de ver las cosas, las prostitutas son mucho más confiables que las firmas auditoras,

Un buen ejemplo de la credibilidad de las firmas auditoras lo constituye lo ocurrido un par de años atrás con las quiebras de los bancos Banínter, Bancrédito y Mercantil. En cada caso, el mismo año de la bancarrota, los tres tenían estados financieros debidamente auditados por firmas auditoras reconocidas internacionalmente, según los cuales esas instituciones estaban en condiciones muy sólidas.-

Pero no es un secreto que en este país una buena parte de las empresas tienen tres estados financieros distintos, uno para los socios, uno para tomar préstamos y otro para engañar al fisco. Y hay firmas auditoras que tienen la cachaza de avalar los tres estados, sin el menor remilgo ético.

Esto quiere decir, que una buena parte de las firmas auditoras que deben garantizar la confiabilidad de los estados financieros de las empresas no más que prostitutas, que venden sus nombres el mejor postor, con la agravante de que no existe en este país ningún organismo que le preste atención a esa situación.

Pero donde la credibilidad de las auditorías llega a su punto más bajo es en la administración pública. Como referente, sólo hay que recordar aquella realizada por la Contraloría General de la República, bajo la dirección el Federico Lalane José, al famoso Plan Renove.

No olvidemos que el expresidente Hipólito Mejía ordenó investigar y meter presos a los auditores que participaron, porque los resultados revelaron corrupción en la compra y distribución de los vehículos, y eso no le convenía a la imagen de su gobierno.

En estos días hemos visto como la Cámara de Cuentas se ha enfrascado a discusiones públicas con la Junta Central Electoral y con otros organismos del Estado, porque nadie cree que una auditoría es un mecanismo de control imparcial y honesto, sino una forma de chantaje político o económico.

La propia Cámara de Cuentas está desacreditada, porque ha sido constituida por activistas políticos que utilizan su condición para perseguir de manera selectiva a funcionarios o instituciones contrarias a sus intereses partidarios.

Tomando como argumento esa falta de credibilidad de los miembros de la Cámara de Cuentas y de la propia institución, los funcionarios públicos ponen toda clase de trabas para evitar que se hagan las autorías correspondientes y así manejar los recursos del pueblo a su antojo.

Tales son los casos de la Junta Central Electoral y los ayuntamientos, quienes de la manera más irresponsable y sospechosa, se han negado a rendir informes sobre la forma en que gastan los fondos que reciben y han atribuido fines políticos a los intentos que ha hecho la Cámara de Cuentas por auditar sus estados.

En conclusión, hemos llegado a un estado de cosas donde no hay un referente con credibilidad, donde el pueblo ha perdido la posibilidad de saber con certidumbre qué es lo que se hace con los fondos públicos. Un estado donde no se sabe quién es menos honesto entre el que quiere realizar una auditoría y el que se opone ella.

Incluso, en los casos en que es posible realizar una auditoría, su valor es nulo, porque no tiene ninguna credibilidad. Es decir, la percepción es que la palabra de una prostituta tiene mayor valor, aunque sólo sea para el compañero que ella elige.

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